Los criterios jurisprudenciales sobre el daño por violación de secretos empresariales: España

Publicado en por Catalina

En España, en su ordenamiento jurídico, la violación de secretos empresariales se encuentra regulada en la ley 3 de 1991, la cual versa sobre competencia desleal. Para lograr tipificación de la conducta en este ilícito concurrencial se requiere “que el objeto de la divulgación o explotación sea secreto industrial o comercial. Sin embargo la regulación en materia de competencia desleal no establece las características o requisitos que debe reunir dicha información” para ser objeto de la tutela legal.

Es la jurisprudencia la que ha concretado el concepto como el “conjunto de conocimientos que no son de dominio público y que resultan necesarios para: la fabricación o comercialización de productos; la prestación de servicios; y/o la organización administrativa o financiera de una unidad o dependencia empresarial, y que por ello procura a quien dispone de ellos de una ventaja competitiva en el mercado que se esfuerza en conservar” secreto, evitando su divulgación.

 

Para estos efectos se trae a colación la sentencia del 11 de marzo de 2003, de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual “clarifica los requisitos que debe reunir dicha información para ser considerada como secreto de empresa”

 

“Que la información sea secreta en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

 

Que tenga un valor comercial o suponga una ventaja competitiva por su carácter secreto, reservado u oculto; y

 

Que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.”

 

En el caso PHOENIX INTERNATIONAL LIFE SCIENCES ESPAÑA S.A. contra J.J. SOFWARE DE MEDICINA S.L. y STATICON INTERNATIONAL ESPAÑA S.A. por actos de competencia desleal, al proceder a la captación masiva del personal de la primera y aprovecharse de la información inherente a ello según la demanda.

Se falla a favor de PHOENXI INTERNATIONAL LIFE SCIENCES ESPAÑA S.A. y en contra de J.J. SOFTWARE DE MEDICINA S.L. y de STATICON INTERNATIONAL ESPAÑA S.A. Se les declara que han incurrido en actos de competencia desleal, ya que captaron masivamente del personal de PHOENIX y se aprovecharon de la información inherente a ellos sobre la clientela actuando contra las reglas de la buena fe de la competencia leal. Las condenan a indemnizar solidariamente a la sociedad actora los daños y perjuicios en el importe de 673.751.93 euros, y a publicar la sentencia en 3 revistas o periódicos de la industria farmacéutica y al pago de costas.

La decisión fue apelada y se confirmó la sentencia. Luego solicitan recurso de casación, ante el cual el Tribunal Supremo español responde confirmando la decisión de primera instancia.

 

“…la Sentencia de la Audiencia objeto de impugnación no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala y se ajusta plenamente a la misma. La argumentación que constituye el soporte de la "ratio decidendi" se recoge en el fundamento tercero diciendo: «El comportamiento de las demandadas ha de considerarse objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe; pues no de otra forma ha de entenderse el aprovechamiento del listado de clientes de la actora, sin que sea verosímil que es el único sector [se hace referencia a la industria farmacéutica] en que este conocimiento de la clientela no aporte ninguna ventaja competitiva ni material como alegan -que se habían intercambiado, unido a la marcha en bloque de casi una veintena de los trabajadores de la actora para prestar sus servicios en la demandada sin que sean verosímiles tampoco las alegaciones de que se prescindiese de los servicios y de que existiesen incomodidad o insatisfacción profesional [se alude a la alegación de las demandadas de que "fue la actora la que voluntariamente había prescindido prácticamente de los servicios de dos directivos no siendo de extrañar que si había existido algún elemento de incomodidad o de insatisfacción profesional, buscasen otros caminos, en lo que no habría nada de irregular ni de extraordinario"] y unido con las relaciones que empezaron a mantener la parte demandada con aquellos clientes y la disminución de los beneficios de la actora, llevan a concluir la existencia de una relación causal entre ésta y aquéllos y el proceder con mala fe de dichas demandadas para, sin esfuerzo empresarial y sin concurrir de manera leal, poder captar parte de la clientela de la actora »”. (Negrillas fuera del texto original).

 

En la sentencia proveniente del recurso No. 718/1995, resolución No. 901/1999, ponente Xavier O´Callaghan Muñoz, la parte actora interpone casación contra la sentencia, basándose principalmente en la calificación de la actuación, argumentando que no es constitutiva de competencia desleal, porque la clientela no es un secreto empresarial. 

A lo que responde el Tribunal diciendo que “Los hechos son indiscutidos; tal como los expone la sentencia de la Audiencia Provincial: los demandados Sres. Pedro Antonio, Claudio e Héctor, hasta el 25 de junio de 1993, en que cesaron voluntariamente, desempeñaban respectivamente, los cargos de Coordinador de zona de Aragón y Rioja, Director de la oficina principal, Jefe de Producción y Adjunto de la Dirección en el Banco demandante en la oficina principal de Zaragoza. El Banco demandado, desde el año 1973, viene ocupando un local ubicado en la CALLE000 nº NUM000 - piso NUM001, en Zaragoza, estando integrada su plantilla por un solo empleado. En septiembre de 1993 procede a la apertura de una oficina, en la CALLE000 nº NUM002, estando integrada su plantilla por cuatro empleados, tres de los cuales procedían del DIRECCION00, incorporados a la plantilla de DIRECCION000 en 1 de julio de 1993. Los tres ex-empleados del Banco actor, haciendo uso del listado de clientes de su antigua empresa -en la que figuran nombres y domicilios, así como el pasivo concertado con el DIRECCION001 y sus condiciones principales, como vencimientos de los depósitos, y tipos de interés pactados- se dirigen a ellos en número al menos de 270, obteniendo la captación de pasivo.”

Y sigue el tribunal: “La calificación jurídica sí es discutible. La lista de clientes de una entidad bancaria, o de cualquier otra entidad empresarial, es accesible a todo el personal directivo. Es indudable, tal como se dice en las sentencias de instancia, que la clientela es un elemento esencial de la empresa y de toda actividad comercial. Lo que es dudoso es si, además, tiene la categoría de secreto empresarial, como así lo sostiene la parte demandante y estiman las sentencias de instancia. Esta Sala no admite esta calificación: el listado o la relación de la clientela no es un secreto empresarial. Sin embargo, el hecho del empleado o empleados de una empresa, que inducidos por otra, de la competencia, aprovechan el listado de la clientela de la primera para hacer ofrecimiento de los servicios de la segunda, esta Sala considera que son objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, tal como contempla el art. 5 de la Ley. Es decir, los hechos que se han alegado en la demanda y han sido relacionados como indiscutidos en la sentencia de instancia, no son violación de secretos sino actos de mala fe; son actos de competencia desleal,…”

 

 

Luego el tribunal desestima la casación con fundamento entre otros en la calificación de competencia desleal y no de secreto empresarial, así: “en cuanto impugna la calificación jurídica de competencia desleal por secreto empresarial (del listado de clientes) y violación del mismo por los demandados recurrentes: ya se ha dicho que esta Sala estima que no procede tal calificación, pero ello no da lugar a la casación, ya que si estima, como así ocurre, que es competencia desleal, con los mismos hechos acreditados, pero con base jurídica distinta, por comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, se produce la confirmación de la sentencia de instancia por fundamentos distintos (así, sentencias de 21 de junio de 1998 y 6 de octubre de 1998).”

 

 

Sin embargo el punto de la calificación de listados de clientes del competidor como competencia desleal y no secreto empresarial no es pacífica. La sentencia del Tribunal Supremo del 17 de julio de 1999 se expresa al respecto:

“…hay que hacer constar lo dispuesto en el artículo 13 sobre la violación de secretos, pues no cabe duda que el listado de clientes forma parte del patrimonio de la Empresa y que su utilización por un rival le otorga una ventaja concurrencial reportadora de una gran ventaja económica…”

 

Así las cosas, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 11ª del 29 de junio de 1999 vincula la utilización del listado de clientes en un supuesto de aprovechamiento de la reputación comercial ajena y rechazable al amparo del artículo 12 de la ley de competencia desleal.  

 

La sentencia del Tribunal Supremo del 11 de octubre de 1999 se dirige a resolver el conflicto de intereses que se puede presentar a raíz de una violación a secretos empresariales: “… hay que partir del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de libre competencia, uno y otro de acuerdo con la ley, con las limitaciones que ésta pueda imponer. La sociedad demandante y recurrente en casación no puede impedir a un empleado suyo –condenado- que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado: no había previsto en su contrato de trabajo una cláusula de no concurrencia, y no es posible jurídicamente coartar la profesión ajena; tampoco puede impedir que se constituya una sociedad que tena una actividad en parte coincidente con la suya: por último, no puede evitar que aquel empleado pase a desarrollar su actividad profesional en esta nueva empresa: pero en el caso presente, la cuestión fáctica es distinta, y a la vista de los hechos que se han acreditado debe mantenerse la realidad de la competencia desleal por la conducta objetivamente contraria a la buena fe”.

 

La sentencia del 29 de junio de 1999 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª expresa lo siguiente: “No existiendo pacto laboral alguno de no concurrencia parece perfectamente legítimo el que los demandados decidieran establecerse por su cuenta asumiendo los riesgos naturales de toda empresa y nada habría que objetar, aunque hubieran terminado desbancando en el mercado a la actora, al cual concurrieran en dicho mercado con sus propios medios empresariales, pero los demandados se aseguraron previamente el éxito de su proyecto, concurriendo de hecho en el mercado, para captar a los clientes, antes de constituirse formalmente y cuando todavía estaban trabajando para la sociedad demandante,…”.

 

Es decir, en la balanza de intereses que se presentan en juego por temas de competencia desleal, en general y en particular temas de secretos empresariales, la jurisprudencia española busca equilibrar hacia el lado de los intereses como la libre empresa, la libre competencia y la movilidad laboral, sobre el interés particular de una empresa sobre su secreto o información confidencial ventajosa.

 

Cabe recordar que dentro del sistema vigente, “la competencia es una institución esencial en la disciplina de la actividad económica que debe ser objeto de protección, de forma que no quede limitada de manera injustificada la facultad de competir de nuevos sujetos. Esa facultad no puede, sin embargo, implicar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o la explotación de conocimientos a los que se accedió exclusivamente en atención a la previa relación con el competidor al que ahora se desea perjudicar. En suma, el criterio determinante para la admisión o rechazo de la legitimidad de la actuación del “nuevo competidor” es el de la buena fe objetiva consagrada como cláusula general para la evaluación de la deslealtad comercial por el artículo 5 de la ley de competencia desleal”. (Competencia desleal por solicitud de marca coincidente con la denominación social utilizada por la empresa en la que se venían presentando servicios laborales. Juan Sánchez-Calero Guilarte. 2000).

Artículo 13, ley 3 de 1991 de competencia desleal española. Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

 

Casanovas, A. Burgueño, A. (2006) La violación de secretos empresariales. Recuperado el 23 de octubre de 2009, de http://www.togas.biz/articulos/Derecho-Mercantil/Competencia/La-violacion-de-secretos-empresariales.html

Idem.

Casanovas, A. Burgueño, A. (2006) La violación de secretos empresariales. Recuperado el 23 de octubre de 2009, de http://www.togas.biz/articulos/Derecho-Mercantil/Competencia/La-violacion-de-secretos-empresariales.html

 

Tribunal Supremo de España, Sentencia de Casación. Corbal Fernández, J, No. de recurso 2702/2004, Nº de Resolución 383/2009. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de  http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=default

 

Artículo 12, ley 3 de 1991 de competencia desleal de España. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares.

Artículo 5. Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

 

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